En afán de armonizar sus tareas con un nuevo gobierno con vocación de solidaridad social, en diciembre pasado se realizó una suerte de cumbre de empresas y organizaciones orientadas a la filantropía, cuyo invitado central sería el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuyo lugar acudió el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien salió seriamente raspado.
La gritería en contra del funcionario la azuzó una frase recriminando a las empresas privadas por no hacer suficiente frente a las graves necesidades de la población.
En el abucheo se apuntaba a que los regañados hacían más que el gobierno, a quien en tal caso le corresponde la responsabilidad.
El escenario acaba de enrarecerse nuevamente ante el anuncio presidencial de que no habrá más apoyos económicos del gobierno para organizaciones que realizan labores sociales, ya la apertura de estancias infantiles; ya la creación de centros de apoyo para enfermos crónicos o discapacitados.
Los recursos se entregarán directamente a los beneficiados.
En el marco salió a la palestra el escándalo en que se involucró a la legisladora panista Josefina Vázquez Mota, tras el anuncio de que había recibido mil millones de pesos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tareas de apoyo a la comunidad de migrantes mexicanos en Estados Unidos.
En el río revuelto, plantones al calce por el cierre de estancias infantiles ante el levantamiento de canasta, el Ejecutivo anunció que no habría marcha atrás aun con las protestas, amenazando, además con hacer públicas las organizaciones transas. El hecho es que durante el gobierno anterior se decidió imponer un impuesto sobre ingresos a las empresas mineras para crear un fondo de apoyo social a las comunidades afectadas, con la novedad de que hasta hoy no se ha visto la construcción de la infraestructura prometida.
Del otro lado de la moneda, empresas que destinaban recursos a tareas sociales redujeron su actividad o de plano la cancelaron. Aunque es evidente el abuso en el manejo de recursos públicos para tareas altruistas, ahí está, por ejemplo, el caso de Provida, el cual justificó los millones con facturas que amparaban la compra de tangas y plumas de lujo, no todas las empresas y organizaciones le piden recursos al gobierno. El problema es que el manotazo pudiera desalentarlas si se llegaran, por ejemplo, a cancelar los privilegios fiscales de cara a los donativos recibidos.
En el marco, bajo la batuta de Manuel Arango, se impulsó la creación del CentroMexicano para la Filantropía, el cual otorga año con año distintivos de responsabilidad social a las empresas más activas en la materia.
El abanico oscila desde fundaciones orientadas a la salud pública como las que sostienen el magnate Carlos Slim y el Grupo Viz de Jesús Vizcarra, hasta patronatos de apoyo al Seguro Social y hospitales públicos en general.
Generalizar el escenario, pues, derivaría en un tiro por la culata.
BALANCE GENERAL
Colocada en la mesa del debate la concentración entre las firmas internacionales de entretenimiento Disney y Fox, ante la posibilidad de provocar la cancelación de televisión abierta para algunos partidos de futbol y en la carambola encarecer la televisión de paga, la Comisión Federal de Competencia, la cual le dio el visto bueno, aclara paradas.
De entrada, señala que la solicitud de concentración se modificó sobre la marcha al aceptar Disney ceder su participación en Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing de México en favor de Sony, lo que evitará una posible afectación al mercado de distribución de películas.
La operación, sin embargo, debe cruzar ahora por el tamiz del Instituto Federal de Telecomunicaciones desde el otro ángulo, es decir, la concentración de contenidos.
PRESIÓN
Soslayada por la Secretaría de Economía la posibilidad de renovar por tercera y última ocasión la salvaguarda que permitía imponer un arancel de 18% a un ramillete de productos fabricados con acero provenientes del exterior, las empresas siderúrgicas están apretando la pinza.
La primera de la tarde es Altos Hornos de México de Alonso Ancira, la cual aplazó una inversión de 200 millones de dólares y amenaza con quitar el empleo a 2 mil trabajadores.
La situación de las firmas la agravó la imposición por parte de Estados Unidos de un arancel global de 25% al producto, en cuyo marco el país no ha logrado cabildear un trato diferenciado en el entorno del acuerdo mercantil con ese país y Canadá, ni ha hecho efectivas represalias permitidas por la Organización Mundial de Comercio.
