Para algunos especialistas en seguridad nacional la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional tiene aspectos tanto positivos como negativos, así como puntos que deben verse con cuidado a futuro para que el nuevo cuerpo policial sea efectivo en el combate a la inseguridad. (ARCHIVO)
Para algunos especialistas en seguridad nacional la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional tiene aspectos tanto positivos como negativos, así como puntos que deben verse con cuidado a futuro para que el nuevo cuerpo policial sea efectivo en el combate a la inseguridad.
Arturo López Vargas, experto en temas de seguridad nacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que si no hay una aplicación fiel del proyecto de Guardia Nacional aprobado por el Congreso se corre el riesgo de que se profundice la crisis de inseguridad.
“Si la aplicación del proyecto se desvía y es aprovechada con otros fines creo que, ahí sí, la crisis de violencia e inseguridad no sólo no se reducirá, sino que por el contrario se profundizará de aquí al 2024”, opinó el experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Expuso que la efectividad que tenga ese nuevo cuerpo en los próximos cinco años “va a depender mucho de que haya una aplicación fiel del proyecto tal y como ha sido aprobado”.
La Guardia Nacional no está exenta de riesgos, de “un rango de incertidumbre”, por lo que es fundamental que durante los cinco años que se establecieron como vigencia se aproveche para fortalecer a la nueva corporación, y no para dar fuerza a la presencia de las Fuerzas Armadas en general y que los militares tengan injerencia en la toma de decisiones, explicó.
El riesgo sería que la Guardia Nacional se va a conformar mayoritariamente por integrantes de las policías Militar y Naval, y a complementar con integrantes de la Federal, “pero digamos que en cuestiones operativas la mayoría van a ser integrantes de las actuales Fuerzas Armadas”, precisó.
Sobre el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que el dirigente de este cuerpo podría ser un militar retirado, López Vargas estimó que “si queda el mando en manos de un militar en activo o retirado creo que eso sí reforzará la operación”, pues estaría conformada en su mayoría por personal militar.
“Por la formación, la disciplina, los valores que todos sabemos que se inculcan a lo largo de la carrera militar, si no tienen un contrapeso en una dirigencia de carácter civil, no sólo simbólica sino real, yo creo que ahí si se fortalecería lo que hemos visto del 2006 para acá, un cuerpo con apariencia civil, pero en los hechos y en la realidad militar”, expresó.
“Ese sí es uno de los elementos centrales o estratégicos para poder pensar en el rumbo que tendrá esta Guardia Nacional”, mencionó.
Otro de los puntos que consideró importantes es el fortalecimiento de las policías municipales, lo que fue un tema de amplia discusión en el Senado por las diferentes fuerzas políticas, que también en cinco años haya un cambio en la efectividad de las corporaciones locales, y no mantener al Ejército en las calles.
“El hecho es que no contamos con cuerpos policiacos profesionales, confiables, capaces de combatir esas amenazas a la seguridad pública; ahí también tendría que ser una responsabilidad de todos los niveles, sobre todo de los municipios y de los estados”, enfatizó.
Apuntó que en un contexto histórico, como ha ocurrido al inicio de sexenios anteriores, podría haber un reacomodo de las organizaciones criminales, producto del cambio de estrategia en la administración federal, como el combate al robo de combustible y al narcotráfico.
Subrayó que la efectividad de la nueva estrategia no sólo se debe concentrar en las acciones de la Guardia Nacional y en las acciones de contención, sino que también sea una propuesta integral que vaya de la mano con la política social, económica, educativa, incluso de política exterior.
"Este factor ha sido fundamental para entender el fracaso de nuestra política en materia de seguridad nacional” pues, a su juicio, no se han abordado con el vecino país del norte temas como la venta de armas, el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
Indicó que algo que ha quedado pendiente y se mencionó en el periodo de transición de gobierno es la legalización de algunas drogas como “una estrategia a mediano y largo plazo, que nos permita ir saliendo de esta crisis de los últimos 12 años”.
Arturo López Vargas aseveró que entre los aspectos positivos de la iniciativa esta el hecho de haber puesto un límite de cinco años a la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
“En ese sentido es una buena noticia porque significaría que de aquí a ese momento (2024) la Guardia Nacional tendría que crearse y fortalecer sus capacidades como policía civil para hacerse cargo de las labores de seguridad pública. En ese sentido es una diferencia importante frente a lo que vivimos en los 12 años anteriores”, sostuvo.
Otra diferencia con respecto a sexenios pasados y “que nos hace ser optimistas”, es que en la propuesta se incorporaron elementos propuestos por organizaciones nacionales e internacionales con respecto al carácter excepcional que debe tener el Ejército en labores de seguridad pública".
Celebró que la creación de la iniciativa tomara en cuenta la lógica de Parlamento Abierto “en donde se escucharon diferentes voces, opiniones nacionales e internacionales”, además del consenso que tuvo entre los legisladores, lo que “le da un gran respaldo”.
Por otra parte Erubiel Tirado, académico de la Universidad Iberoamericana (UIA), opinó que la ley que estará en proceso de aprobación en por lo menos 17 legislaturas locales tiene “letras chiquitas” que hacen pensar que el país está ante una “militarización”, pues empezó desde antes de que la iniciativa fuese enviada al Congreso de la Unión.
En entrevista por separado señaló que hay visiones encontradas dentro del mismo equipo del gobierno, pues hay un sector policial-militar “que prefiere no tener controles y tener total dominio de lo que va a ser la operación de la Guardia Nacional”.
Por otro lado, añadió, un sector que va con la línea expuesta por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, de evitar que existan graves violaciones a las garantías personales.
Anotó que el problema es que el esquema militarizado, que se dice es temporal, va a quedar interiorizado en la conformación del nuevo cuerpo, que tiene un problema de definición estructural “porque hay miembros que son militares y están sometidos, de acuerdo al nuevo diseño, al fuero militar, es decir no se sustraen completo de sus instituciones, y van a coexistir con miembros de carácter civil”.
“Esa parte híbrida a mí no me parece una buena fórmula, precisamente por el planteamiento institucional, como el tratamiento legal del esquema de diferenciación dentro del mismo cuerpo de los integrantes”, detalló.
Además, consideró que encomendar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el reclutamiento, la formación y la disciplina, a elementos que además van a tener facultades de investigación, no es positivo y “en realidad no deberían hacerlo los militares”.
Para el especialista en temas de seguridad nacional “hay varias cosas que no pintan bien en el sentido de cómo van creando el nuevo cuerpo de seguridad".
Apuntó que el problema, con base en el comportamiento del aparato de seguridad y defensa del país, “es que no se va a seguir fortaleciendo a las policías estatales y municipales”.
En este tema, alertó que la postura de algunos gobernadores es subrogar la responsabilidad de la seguridad de sus estados al Gobierno Federal, hacia la Guardia Nacional, “como en el pasado lo hicieron respecto del Ejército y la Marina, a tener que fortalecer sus propias policías; habrá excepciones, pero el panorama es de inercia en este aspecto”.
Una prueba de ello es el hecho de que los índices en la comisión de delitos a nivel local se han ido exacerbando en algunas regiones como ocurría en el pasado, “y han sido más activos respecto al pasado inmediato, lo cual no es una buena señal”, abundó.
