Prendidas todas las alarmas en los consorcios fabricantes de alimentos y bebidas no alcohólicas, finalmente la Suprema Corte les devolvió el resuello al negar en definitivo la exigencia de modificar el etiquetado frontal de los envases en materia de contenido de azúcares y grasas.
La batalla la había iniciado el organismo denominado El Poder del Consumidor al considerar que la información era insuficiente y confusa de cara a la toma de decisión de los consumidores.
En el centro de la escena se colocaba como exposición de motivos la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad, en un escenario en que el país ocupa el primer lugar en incidencia infantil y el segundo en adultos.
Sin embargo, si desde un ángulo el organismo encabezado por Alejandro Calvillo plantea llevar ahora el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el otro la bancada de Morena en la Cámara de Diputados pretende darle vuelta a la sentencia por la vía de una reforma legal.
El etiquetado de la discordia había sido modificado en 2014 por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para colocar a la vista de los consumidores la cantidad de grasas saturadas y otras grasas, azúcar total y contenido calórico, abriéndose un plazo de 10 años para llegar gradualmente a 100% de la implementación.
Sin embargo, se criticaba que el organismo, encabezado entonces por Mikel Arriola no hubiera convocado a la opinión de expertos.
Bajo esa prisma, se aducía que los datos exhibidos eran tan confusos que ni el mejor nutriólogo estaría en opción de interpretarlos.
Ante ello, El Poder del Consumidor logró que un juez le concediera un amparo, elevándose el asunto por primera vez ante la Suprema Corte en agosto del año pasado, en cuyo marco se ordenó reponer el procedimiento.
De regreso el expediente, llegó el no.
La exposición de motivos por parte de consorcios como FEMSA, Herdez, Jumex y el organismo que agrupa a las empresas del ramo, Con México, era que el procedimiento de etiquetado se había agotado ocho años antes de lo previsto, lo que implicó modificar 320 mil etiquetas, con una inversión de 25 mil millones de pesos.
Naturalmente, las firmas alegaron que el etiquetado sí cumplía con la exigencia de ofrecer información clara, precisa y veraz.
Al tiempo, se señalaba que no se respetaron sus derechos a una defensa adecuada en su condición de terceros interesados.
Lo cierto es que el riesgo no sólo apuntaba a reinvertir en el hipotético cambio, sino a modificar la condición fiscal de algunas marcas.
Como usted sabe, la Ley obliga a exentar del Impuesto al Valor Agregado a los alimentos, manteniéndolo en el caso de las bebidas.
Hace algunos años, bajo la batuta de Diego Fernández De Ceballos, Jugos del Valle le ganó un multimillonario pleito a la Secretaría de Hacienda, que le obligó a devolverle el IVA, bajo el considerando de que sus bebidas tenían tal cantidad de nutrientes que debían considerarse alimentos.
Con un nuevo etiquetado se podría desnudar la realidad.
El juego de los intereses.
BALANCE GENERAL
Colocada en la mesa de una denuncia por parte del jurídico de la Presidencia de la República sobre presuntas irregularidades de la compra por parte de Pemex de los complejos de fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal, el asunto podría salpicar por doble vía a Altos Hornos de México.
Como usted sabe, la empresa de Alonso Ancira fue la vendedora de la primera firma, cuyas plantas estaban en ruinas después de 14 años de estar paradas.
El caso es que la firma utilizó a una empresa fantasma que canalizaba los sobornos de la brasileña Odebrecht para realizar el pago de honorarios para un proyecto de ampliación de sus instalaciones en Monclova, Coahuila.
La pregunta es si había otro tipo de relación.
SÍ A FIRMAS PRIVADAS
Aunque en el papel, trabajadores de Pemex se convertirían en obreros y técnicos del Instituto Mexicano del Petróleo en supervisores para construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, lo cierto es que, evidentemente, se subcontratará a firmas constructoras nacionales para realizar las tareas.
De hecho, habría sido el mismo escenario de haberse adjudicado el contrato a alguna o algunas de las seis empresas extranjeras que fueron convocadas a la licitación.
Estas tienen una estructura técnica, pero no de base para las tareas de colocar ladrillos y armar la compleja estructura que reclama por lo menos de 11 plantas para conectar el proceso de convertir petróleo crudo en gasolinas y diesel.
NO LES GUSTÓ
Inconforme con una reforma que acota la posibilidad del uso de popotes y bolsas de plástico en la Ciudad de México, la Asociación Nacional de la Industria del Plástico aduce que ésta no es la salida a la contaminación ambiental y sí afectará a la economía de la capital.
El organismo lamenta no haber sido parte de la discusión previa, aduciendo que el tema reclama el concurso de sociedad, industria y gobierno.
OTRO RETROCESO
Durante marzo pasado la actividad industrial del país registró una caída de 1.30 %, tras registrar avances en enero y febrero.
El segmento más dañado fue la construcción, con un retroceso de 3.30 %, seguido por transmisión y distribución de energía eléctrica y agua, con 1.49%.
Del otro lado de la moneda, la producción de las industrias manufactureras creció 0.31%.
PALOMITA A BANORTE
La calificadora HR Ratings le asignó una calidad crediticia triple A, con perspectiva estable, a una emisión de Certificados Bursátiles hasta por 8 mil millones de pesos que planea el banco encabezado por Carlos Hank González.
La posibilidad habla, incluso, de una sobre asignación de 15% sobre el monto, dependiendo de la demanda.
Las emisiones se lanzarán con un plazo de amortización de cinco años.
