Es imposible no tener un sabor agridulce en el caso de Rosario Robles y la estafa maestra. Por un lado, el contento, casi placer, de ver que avanza un caso que el Gobierno de Peña Nieto no solo ignoró, sino que, como dijo el fiscal, nos vieron la cara con un cinismo descomunal (proponemos, desde ya, que la frase de Peña "No te preocupes, Rosario" quede inscrita en letras de oro en la cárcel de Santa Martha, Acatitla). Por el otro, no hay manera de festejar cuando vemos vicios en el juicio que dejan ver más un afán de venganza que una ciega y estricta aplicación de la justicia: el hecho de que el juez que, en lo que parece un exceso de protagonismo y estirando la liga más allá de lo razonable, envió a la cárcel a Rosarios Robles sea sobrino de Dolores Padierna, esposa a su vez del señor de las ligas, René Bejarano, deja un sabor de boca poco agradable. Por momentos la prisión preventiva dictada en contra de la exsecretaria sabe más a vendetta que a justicia.
En cualquier caso, muy pronto sabremos de qué lado masca la iguana del Gobierno de López Obrador. Si la Fiscalía procesa en los próximos días no solo a los presuntos cómplices de Rosario Robles, Ramón Sosamontes y Emilio Zebadúa, sino que va por todos aquellos funcionarios que participaron en este mecanismo fraudulento, que se calculan en 300 entre secretarios de estado, directores de organismos públicos, rectores de universidades, prestanombres y funcionarios; si imputa a otros altos colaboradores de Peña Nieto que pudieron haber conocido del asunto y al mismo presidente; si sigue la huella del dinero y pone, en caso de haber recibido dinero ilícito, al PRI en la picota, entonces tendremos claro que se trata de una nueva forma de hacer justicia en este país. Si el fiscal se queda solo en el caso de Rosario, se ceba en la exfuncionaria y sus colaboradores y mantiene intocables al resto de los implicados estaremos ante un uso faccioso de la justicia, exactamente igual que en los Gobierno anteriores.
Lo que está en juego en este asunto no es solo la culpabilidad o no de Rosario Robles, sino la autonomía del fiscal Alejandro Gertz Manero y el manejo faccioso del Poder Judicial. López Obrador se negó a pasar la reforma que daba autonomía a la Fiscalía General de la República, argumentando que el fiscal sería autónomo de facto: este caso será una buena prueba para ver el alcance de la autonomía. Pero más riesgoso aun es tener jueces y magistrados con filias y fobias partidistas, con correas que van a parar a manos de políticos.
Hay un Rosario de asuntos que deben ser aclarados en el caso Robles; cuando la justicia juega a la política no solo amarga el sabor de boca, sino que atenta contra los cimientos mismos de la república.
