Recuerdo cuando pertenecer al crimen organizado significaba ser miembro de una banda del crimen organizado. Hoy las cosas han cambiado. Una persona o una empresa que emita o utilice una factura falsa podrá ser acusada de un delito "contra la seguridad nacional" y se le considerará parte de la "delincuencia organizada".
Este martes 10 de septiembre el Senado aprobó un paquete de reformas que convierten la emisión o el uso de facturas falsas en delincuencia organizada. Pero el proceso que ha llevado a esta situación empezó desde hace años. El gobierno ha usado acusaciones como la de "operaciones con recursos de procedencia ilícita" y "asociación delictuosa" para atacar a personas políticamente incómodas o que habían cometido delitos muy distintos, como el peculado o el fraude.
Recordemos el caso de Elba Esther Gordillo, la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No hay duda de que la maestra utilizó fondos del sindicato para realizar compras personales, pero de ahí a pretender que era responsable de lavado de dinero o de asociación delictuosa, los delitos de los que se le acusó, había una gran distancia. Por eso fue exonerada después de haber sido encarcelada durante cinco años.
La situación no hará ahora sino empeorar. Morena y sus aliados votaron a favor de un grupo de nuevas leyes que convierten el uso de una factura falsa, aunque uno no esté consciente de que sea falsa, en un acto de delincuencia organizada. Muchos inocentes pueden terminar en la cárcel por esta tergiversación en la tipificación de un delito. De hecho, la simple acusación será suficiente ya que se les aplicará prisión preventiva oficiosa.
Entiendo la desesperación del gobierno ante las dificultades para castigar a los evasores de impuestos. Pero inventarles un delito que no corresponde no es la solución. Nuestros funcionarios y legisladores parecen haber aprendido las lecciones de Donald Trump, quien ha impuesto aranceles proteccionistas o ha buscado construir muros fronterizos con el argumento de que el libre comercio o la migración son amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La verdad es que los sistemas de control del SAT sobre los contribuyentes han mejorado mucho en los últimos años. Cuando yo hago una compra y pido una factura electrónica, la autoridad tiene la capacidad de registrar de inmediato la transacción. La enorme mayoría de quienes trabajan en la economía formal saben que no tienen ya muchas opciones para escapar a los tentáculos del SAT.
Buena parte de las operaciones que escapan al SAT se realizan en la economía informal. El 57 por ciento de quienes tienen una actividad económica en nuestro país lo hacen en esa economía informal en la que muchas de las transacciones se realizan en efectivo. Pero este es un terreno en que la autoridad no ha querido entrar.
Para quienes pagamos impuestos, es loable que el gobierno haga un intento por evitar la evasión. Pero no tiene sentido que los políticos quieran engañarnos o engañarse a sí mismos. Una persona que emite o compra una factura falsa no es un miembro del crimen organizado. Mucho menos si la persona no sabe que lo es.
El uso de una factura apócrifa no es más un acto del crimen organizado o un atentado a la seguridad nacional que la venta de un producto mexicano en Estados Unidos o el cruce de un migrante ilegal. Cambiar el significado de los delitos no ayuda a combatir el crimen: solo pervierte el lenguaje y la ley.
CUENTAS CONGELADAS
Otro de los trucos de los políticos para meter en la cárcel a inocentes o culpables es congelar sus cuentas bancarias. De esta manera despojan a los acusados de la posibilidad de pagar a abogados que los defiendan. Esto es típico de un régimen autoritario.
Twitter: @SergioSarmiento
