La defensa de Rosario Robles acusó que el Ministerio Público Federal utilizó un documento falso para lograr sujetarla a prisión preventiva justificada. (ARCHIVO)
La defensa de Rosario Robles acusó que el Ministerio Público Federal utilizó un documento falso para lograr sujetarla a prisión preventiva justificada.
Mediante un comunicado, el abogado Julio Hernández Barros, quien encabeza la defensa de la exfuncionaria, afirmó que el ministerio público federal ha utilizado "chicanadas" para retrasar el procedimiento de su cliente y mantenerla en el penal de Santa Martha Acatitla.
Los abogados de Robles, solicitaron un cambio de medida cautelar con el que buscaban que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social continuará su proceso en libertad. Sin embargo, la Fiscalía General de la República acusó que la magistrada designada para revisar la medida no tenía competencia para conocer del asunto.
"El equipo legal, encabezado por Julio Hernández Barros, lamenta el 'juego sucio' del Ministerio Público al descalificar y poner en duda la dignidad, el profesionalismo, la imparcialidad y la experiencia de la magistrada Graciela Rocío Sántes Magaña para conocer del caso; cosa que no hizo cuando se designó 'por sorteo' al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien sí estaba impedido legal y éticamente", asentó el abogado.
El jurista recordó que durante la audiencia de vinculación a proceso de Rosario Robles, el Ministerio Público expidió una licencia de conducir a nombre de la exfuncionaria con un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón pero con datos falsos, firma apócrifa y una foto tomada de internet. Con dicho documento, el ministerio público indicó al juez de control que no existía certeza del domicilio de la imputada.
Con esto, el juez Delgadillo Padierna consideró que existía un riesgo de que Rosario Robles se pudiera dar a la fuga, por lo que le impuso la medida de prisión preventiva justificada.
El abogado Hernández Barros explicó que al percatarse de este documento falso, el equipo legal solicitó la revisión de la medida cautelar y su eventual modificación.
Por eso, acusó que la estrategia del ministerio público, de afirmar que la magistrada encargada de revisar la medida carecía de competencia para conocer del asunto, refleja que la FGR no cuenta con elementos para sustentar su caso.
