Algo está mal en un país en que los inocentes son declarados criminales y los criminales perdonados. Un contribuyente que se equivoca en una declaración fiscal, o que tiene una interpretación distinta a la del gobierno, se convertirá legalmente en un miembro del crimen organizado y perderá sus garantías individuales, mientras que un verdadero criminal, o alguien que no paga ningún impuesto por estar en la economía informal, gozará de amnistía, de impunidad o de apoyos.
Nadie cuestiona los esfuerzos del Estado por mejorar la recaudación. Al contrario, quienes pagamos impuestos exigimos acciones más eficientes de las autoridades fiscales. Pero esto no significa que debamos aceptar la violación de las garantías individuales.
El Senado aprobó el 10 de septiembre una reforma que, de ser ratificada por los diputados y promulgada por el Ejecutivo, legalmente convertirá en integrantes del crimen organizado no solo a los defraudadores fiscales sino a quienes simplemente tienen una interpretación distinta de la ley o se equivocan en una declaración.
Las reformas se hicieron inicialmente para castigar con mayor severidad a quienes emitieran facturas falsas, pero la redacción cambió y el castigo se aplicará a cualquier presunta defraudación fiscal por arriba de 7.5 millones de pesos. Si consideramos que las leyes tributarias son tan complejas que llevan a frecuentes diferencias de interpretación que deben dirimirse en tribunales, los contribuyentes cumplidos tienen buenas razones para estar preocupados.
Las acusaciones por pertenecer al crimen organizado no se dirimen en tribunales administrativos sino penales, pero además eliminan el principio de presunción de inocencia. La simple acusación, antes de que empiece un juicio, permite al gobierno encarcelar al imputado, congelar sus cuentas bancarias y confiscar sus propiedades. Si después de varios años el acusado es declarado inocente, el Estado solo tendrá que liberarlo. No se le exige siquiera un "Usted disculpe".
Dicen los impulsores de esta ley que eliminar las garantías individuales es indispensable para mejorar la recaudación y evitar la evasión, pero es mentira. La enorme mayoría de los acusados por delitos fiscales tienen empresas y propiedades en nuestro país, y no van a abandonar fácilmente su patrimonio. No se justifica la prisión preventiva en la mayoría de los casos. La evasión en México se concentra en el sector informal, el cual emplea al 56.6 por ciento de la población económicamente activa; pero lejos de castigarlo, el gobierno le está dando mayores facilidades.
Privar a los contribuyentes registrados de sus garantías individuales es injusto y contraproducente. Las leyes fiscales deben ser más sencillas y generales, para lo cual hay que descartar los tratos especiales que las complican. El mejor incentivo para el cumplimiento de las obligaciones son las reglas claras y justas. Si realmente se quiere elevar la recaudación, hay que combatir la economía informal en vez de encarcelar y despojar a los contribuyentes registrados.
Quienes defrauden al fisco deben ser sancionados, pero sin violar sus garantías individuales o la presunción de inocencia. Castigar a un contribuyente con prisión preventiva oficiosa, congelamiento de cuentas y confiscación de bienes antes de ser siquiera juzgado por una presunta falta es inaceptable en un país de leyes.
GOLPEAR INVERSIÓN
Ni el impuesto a los gorditos de 2014 en México ni el alarmista etiquetado frontal de 2016 de Chile bajaron el sobrepeso o la obesidad, pero hoy el gobierno mexicano quiere subir el impuesto y copiar el etiquetado chileno. No le interesan ni el sobrepeso ni la obesidad, sino golpear a la inversión productiva.
Twitter: @SergioSarmiento
