El gobierno del Baja California interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional contra la “Ley Bonilla”, que amplía el mandato de la próxima administración estatal de dos a cinco años, la cual fue aprobada por el Congreso de la entidad. (ARCHIVO)
El gobierno del Baja California interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional contra la “Ley Bonilla”, que amplía el mandato de la próxima administración estatal de dos a cinco años, la cual fue aprobada por el Congreso de la entidad.
Francisco Rueda Gómez, secretario General de Gobierno, informó que el mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid, presentó el pasado lunes el recurso legal, junto con un equipo de asesores, contra la citada ley que prolonga la administración del morenista Jaime Bonilla Valdez hasta el 2024.
Explicó que “en el caso del gobierno de Baja California, el instrumento jurídico por el que podemos impugnar este tipo de actos es la controversia constitucional, la cual fue ingresada. Esperamos que en un escenario óptimo resuelvan -antes de que inicie el nuevo gobierno- para dar certeza jurídica”.
Señaló que el recurso presentado ante la Corte, el lunes pasado, tiene el propósito de revertir la reforma al Artículo VIII del Decreto 112 de la Constitución del Estado, aprobada por la XXII Legislatura, que prolonga el periodo del próximo gobierno de Baja California de dos a cinco años.
El juicio fue turnado al ministro Fernando Franco y se prevé que la Corte resuelva antes del próximo 1 de noviembre, cuando Bonilla Valdez rinda protesta como gobernador.
Como se recordará, la “Ley Bonilla” fue publicada el jueves 17 de octubre en el Periódico Oficial del Estado y entró en vigor el día 18, luego de que el Congreso estatal la entregara al gobierno bajacaliforniano, tras la consulta ciudadana realizada el 13, en la que el 84.25 por ciento de los participantes avaló que la próxima gubernatura se amplíe hasta el 2024.
El mismo viernes 18 de octubre, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, por separado, interpusieron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la citada ley.
La “Ley Bonilla” ha provocado duras críticas de organismos empresariales como la Coparmex, la cual interpuso un recurso de amparo para frenarla, así como de consejeros electorales, como el titular del INE, Lorenzo Córdova, y Ciro Murayama, quienes se han manifestado en contra del dictamen sobre la ampliación de la próxima administración estatal.
Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “chicanadas” los obstáculos del Congreso de Baja California para la publicación de dicha ley.
