Se llamaba Alejandra Margarita, tenía 52 años. Era hija, madre, hermana. Una científica talentosa y emprendedora. Su vida fue apagada súbitamente por su pareja en un parque público de la Ciudad de México.
Se llamaba Ana Alicia, tenía 31 años. Era madre y enfermera. Se encontraba cuidando a su hijo pequeño en su casa de Celaya. La muerte la encontró en el patio de su casa, tras el paso fatal de un comando armado.
Se llamaba Raquel, tenía 51 años, era historiadora y amaba a su país. Vivía en una pequeña comunidad de Sonora. Los celos enfermizos de su novio la llevaron a morir a punta de navaja. Se llamaba Ana y tenía dos años, su cuerpo fue hallado en San Marcos, municipio de Chalco; aún no se sabe cómo murió. Se llamaba María y poco se sabe de su historia. Dicen que vivía en situación de calle. Su cuerpo, con visibles huellas de abuso sexual, fue encontrado en una barranca cercana al mercado municipal de Tizayuca.
Estas historias son apenas unas cuantas de las muchas que sucedieron durante la primera quincena de noviembre. En más de la mitad del país, es decir, en dieciocho entidades, están activas 20 alertas de género y cuatro más están pendientes -es decir, llamados de emergencia a las autoridades responsables para que intervengan y eviten que mujeres sean agraviadas en el ejercicio de sus derechos fundamentales-. La frecuencia y la cercanía de los casos le dan inevitablemente identidad a las estadísticas.
Por este sentido de emergencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en octubre pasado la Recomendación General 40 sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En ella se exponen las deficiencias para prevenir, determinar y reparar el daño producido por las distintas violencias que sufren las mujeres mexicanas. También se hacen sugerencias concretas. Entre ellas destaca la petición explícita al Congreso de la Unión para reformar la ley e incluir una coordinación interinstitucional de presupuestos públicos en materia de equidad de género. En ese sentido, se solicita la efectiva implementación del presupuesto en materia de igualdad entre hombres y mujeres asignado a través del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por ello, llama la atención que en el Proyecto de Presupuesto que está por aprobarse en el Congreso, 26 de los 83 programas destinados a disminuir la brecha entre hombres y mujeres contienen recortes importantes. Un primer vistazo muestra que el presupuesto total para este rubro aumenta al pasar de 64 mil 656 millones de pesos en 2019 a 100 mil 694 millones de pesos en 2020. Sin embargo, al analizar las partidas sucede que fueron incluidos doce programas de transferencias directas de recursos que no están diseñados específicamente para mujeres, pero que forman parte de los programas prioritarios de la actual Administración.
La desigualdad de trato hacia las mujeres está en el origen de las distintas violencias que sufrimos. No todas, afortunadamente, terminan en feminicidio, pero cada vez son más los casos que nos dicen lo contrario. Algo tendrá que decir la Comisión de Igualdad de Género de la incorporación de programas como: Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro o el de Precios de Garantía, que tal vez atiendan necesidades, pero que claramente no ayudarán a disminuir las brechas que coadyuvan a que diariamente más de diez mujeres pierdan la vida ante la indolencia o la incompetencia de nuestras autoridades.
