El constitucionalismo ha causado relevancia en el mundo, particularmente después de la Rev. Francesa. Las elites ilustradas, cansadas de lo que les representó el absolutismo monárquico, transitaron hacía una forma de organización social y política, anclada en documentos constitucionales.
Sin embargo, la historia del constitucionalismo no ha estado libre de conflictos. Desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy, son muchos los conflictos que buscan el reordenamiento y modificación de las estructuras estatales, sociales y jurídicas a través de reformas a la constitución. En México, por ejemplo, después de la Guerra de Reforma se promulgó la Constitución de 1857, un texto que marcó el inicio de la República Federal en nuestro país. En Francia, después de la Segunda Guerra Mundial se promulgó la Constitución de 1958, que daría inicio a la Quinta República Francesa; en España, la Constitución de 1978 marcó el fin del franquismo. Pareciera ser entonces que, desde el inicio de la época contemporánea, las constituciones representan la herramienta idónea para organizar a la sociedad.
Pero, ¿qué pasa hoy en día, cuándo el orden constitucional se pone en peligro por la inconformidad de los ciudadanos/as, tal como ha ocurrido en los últimos meses en América Latina? Surge el estado de excepción.
El estado de excepción es una creación de la tradición democrática-revolucionaria de la modernidad. Constituye una manera de defender la constitución a través de su suspensión legal e implica un retorno a un estado original pleromático en el cual la distinción entre los diversos poderes no se ha producido todavía. Para Giorgio Agamben, éste permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político y que ponen el "peligro" la pervivencia constitucional; de tal suerte que, "en tiempos de crisis, el gobierno constitucional debe ser alterado en la medida en que sea necesario para neutralizar el peligro y restaurar la situación normal. Esta alteración implica inevitablemente un gobierno más fuerte: es decir, el gobierno tendrá más poder y los ciudadanos menos derechos".
Lo que hemos presenciado en las ultimas semanas en Latinoamérica parece confirmar esta idea. En Ecuador, durante la ultima semana de octubre se instauró el estado de excepción en diversas zonas del país, "para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos" aseguró el presidente Lenin Moreno. En Chile, el presidente Piñera, ante las protestas ciudadanas de las ultimas semanas, también lo decretó argumentando que estaba en peligro la estabilidad del país, incluso aseguró que quienes protestaban eran enemigos del Estado. Lo mismo ocurrió hace un par de semanas en Colombia. Habrá que prestar atención a estos acontecimientos y no permitir que el estado de excepción se convierta en la forma habitual de gobierno.
