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Otro elefante blanco

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

El anuncio del gobernador de Coahuila, en el sentido de que creará una dependencia local, que como organismo autónomo del Estado coadyuve con la Unidad de Inteligencia Financiera que existe a nivel federal, constituye una propuesta opaca, que el mandatario debe explicar y transparentar.

El tema no es nuevo. En su edición del 15 de abril de 2019, El Siglo de Torreón transcribe una declaración de Miguel Riquelme en la que anuncia la celebración de un convenio entre ambos niveles de Gobierno, para investigar operaciones de lavado de dinero. El gobernador aseguró en aquel día, que la función estaría a cargo de un órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la cual actuaría en apoyo del Gobierno federal, allegándole información obtenida del Registro Público de la Propiedad y de los Notarios Públicos de la entidad.

Es muy diferente lo anunciado por el gobernador en abril del año pasado con lo que pretende ahora. En efecto, resulta pertinente que sobre la base de un convenio con la Federación, un órgano de la Fiscalía de Coahuila apoye en sus investigaciones a la UIF. Lo anterior, porque la UIF es la dependencia de la Secretaría de Hacienda, que cuenta con facultades legales para indagar sobre el uso de recursos de procedencia ilícita, como institución del Gobierno federal.

Sin embargo, el ofrecimiento reciente de Riquelme es cosa muy distinta, en cuanto a la creación de otra unidad de inteligencia financiera a nivel estado, que opere como organismo autónomo, porque exige una reforma de la ley y es probable que hasta de la Constitución de Coahuila, así como la asignación de un patrimonio y presupuesto propios a cargo de los contribuyentes, lo que es seriamente cuestionable.

La UIF que encabeza Santiago Nieto actúa con el sector financiero a través de la Comisión Bancaria y de Valores, y está facultada por Ley para obtener información en los casos de lavado de dinero, lo que le permite incluso decretar el congelamiento de cuentas de banco. Esas facultades son exclusivas de la Federación y no se pueden delegar en autoridades estatales, lo que quiere decir que en lo único que puede contribuir la unidad de inteligencia financiera de Riquelme, es compartiendo con la UIF la información disponible en dependencias estatales, tal y como lo dijo en abril del año pasado.

Para el trasiego de datos que lo anterior implica, no se necesita más que conectar una computadora personal al sistema de informática del Registro Público de Coahuila, con un programa de vinculación como el que utilizan los notarios para acceder al sistema. A lo anterior se suma el hecho de que la propia Ley Federal de Lavado de Dinero obliga a los notarios públicos a informar sobre toda operación considerada sospechosa, por lo que el repetir las mismas funciones mediante otras instancias, obliga a Riquelme a dar una explicación satisfactoria, respecto a las facultades y alcances precisos del nuevo organismo autónomo, y el costo que tendrá para los coahuilenses su creación y operación.

Lo expuesto indica que la creación de un organismo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio resulta en el caso innecesaria y costosa, lo que los ciudadanos de Coahuila no nos podemos permitir, en las condiciones de quiebra económica en las que operan las finanzas públicas del Estado, arrasadas por el moreirato. Riquelme se anticipa a la existencia misma del organismo autónomo referido, cuya creación requiere una reforma legal, y llega al extremo de nombrar a un titular de la función, que no se sabe sobre qué base jurídica vaya a operar.

El anuncio de la creación del órgano de que se trata, hecho en pleno proceso electoral para renovar el Congreso del Estado, mueve a temer que se genere una nueva estructura burocrática que sea un elefante blanco, por medio del cual se desvíen recursos públicos para financiar la campaña del partido en el poder en Coahuila. Otra vertiente de sospecha apunta a que la nueva dependencia se utilice como una herramienta de fiscalización de fondos de campaña además de los que ya existen, que opere en contra de los partidos de oposición que disputarán al partido del gobernador, el control de la próxima Legislatura.

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