Entre mayo y diciembre de 2019, jueces de 13 estados dictaron prisión preventiva oficiosa al menos a 117 presuntos feminicidas; es decir, automáticamente se les envió a una cárcel por ser investigados de cometer un asesinato violento contra mujeres.
A pesar de que hubo este endurecimiento en el castigo, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que en algunos estados donde se aplicó esta medida cautelar ese ilícito incrementó o permaneció igual.
En abril del año pasado fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los delitos a los cuales se ampliaba la prisión preventiva oficiosa.
El feminicidio fue incluido luego de una discusión dividida entre legisladores y organizaciones sociales: por un lado, se argumentó que la acción servía para evitar fugas de presuntos criminales; por otro, se señaló que con esto se vulneraba la presunción de inocencia de las personas.
En medio de esta discusión, la legislación en el Congreso de la Unión avanzó y, a casi un año de su implementación, lo único seguro es que este ilícito sigue ocurriendo en México, de acuerdo con datos oficiales.
