El manejo errático del Gobierno federal respecto a la pandemia del COVID-19 no ha dejado fuera el tema laboral, donde el aparato jurídico que asesora al gobierno ha encontrado finamente las aristas para permanecer dentro de la legalidad, pero al mismo tiempo no aplicarla a cabalidad bajo la premisa de la protección de los derechos de los trabajadores. Esto ha provocado un conjunto de interpretaciones encontradas respecto a la protección de los derechos de los trabajadores a tener un empleo digno, seguro y saludable, y a asegurar condiciones de futuro para ellos y sus familias; pero lo más peligroso no es sólo la dispersión de las opiniones, sino la decisión de la propia autoridad de omitir su obligación de proteger en manos de la negociación de las partes involucradas, trabajadores, sindicatos y empresas, así lo explican Pedro Reyes y Daniela Jiménez del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), obra jesuita dedicada desde hace más de tres décadas a otorgar asesoría legal, educación en derechos humanos laborales y soporte organizativo a grupos de trabajadores; el CEREAL también realiza investigaciones sobre condiciones laborales en diversos sectores productivos del país e impulsa campañas públicas sobre la situación de los trabajadores.
El coronavirus encontró en México un panorama ya muy frágil, demasiado debilitado y además nos tomó en el arranque de la implementación de una reforma laboral que no ha dejado totalmente satisfechos a todos los sectores y que, en muchos espacios políticos, sindicales y empresariales, ya se escucha que hay que reformar a la reforma, aún antes de ponerla en marcha. Esto es sumamente riesgoso.
El gobierno federal en su plan de acción del COVID-19 omitió apoyos directos al empresariado, asumiendo que todas las empresas son lo suficientemente solventes para pagar la totalidad de los sueldos y prestaciones de sus colaboradores, responsabilizándoles de ello absolutamente, y esa realidad es muy distinta en cada zona del país y por supuesto en cada empresa. Por principio de cuentas, según datos del INEGI, las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen un nodo central de la economía nacional, pues tienen un alto porcentaje de la generación de empleos y de la producción nacional; el 98% de las empresas registradas en el país son pymes y entre ellas aportan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% del empleo de la nación. Las pymes son el sector empresarial más afectado por la pandemia y esto se agrava ante los pocos apoyos gubernamentales.
Tal parece que el tema laboral ha sido relegado a un segundo nivel en el plan de acción del gobierno y esto es sumamente peligroso, pues con la pandemia vino también la afectación por una crisis financiera y a esto no le podemos sumar una crisis laboral, pues lo que requerirá el país, en cuanto la pandemia nos lo permita y sea pertinente, es una reactivación social y económica inmediata, coordinada y a toda marcha, lo que implica contar con plantillas laborales capacitadas, competentes y completas, pues de otra forma, el escenario se complica más y no debería haber más razones para estrangular aún más las finanzas empresariales y sobre todo, las de miles de familias que dependen de un salario para sobrevivir.
Andrés Rosales Valdés
