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Destello de justicia

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

La detención del César Duarte Jáquez en los Estados Unidos, con el objeto de extraditarlo y hacerlo comparecer ante la justicia de nuestro país, para que responda por delitos que se le atribuyen en el desempeño del cargo de Gobernador de Chihuahua, es el resultado de un gran esfuerzo de los chihuahuenses y de su gobernador actual Javier Corral Jurado.

Desde su campaña a la gubernatura de Chihuahua, el candidato Javier Corral ofreció que de resultar electo, ordenaría una investigación a César Duarte, que siendo gobernador, escandalizaba con la exhibición impúdica de una riqueza repentina. Además de hacerse dueño de una institución financiera en México y de múltiples propiedades tanto en nuestro país como en los Estados Unidos, el ex gobernador es señalado por endeudar al Estado de Chihuahua en forma ilícita, de traficar bonos carreteros, del desvío de dinero público para fines electorales, y hasta de proteger bandas de abigeos que asolaban los ranchos ganaderos de la entidad.

Ya como gobernador, las primeras investigaciones ordenadas por Javier Corral descubrieron que Duarte Jáquez dispuso de recursos públicos del estado que gobernaba para financiar campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, no solo en Chihuahua sino en diversas partes de la República, lo que detonó un proceso penal cuyos efectos Duarte eludió de momento, huyendo a los Estados Unidos. El político coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez resultó implicado en su carácter de Secretario del Consejo Ejecutivo Nacional de PRI durante la época de los desvíos de dinero a las campañas priistas, y continúa procesado hasta el día de hoy.

El régimen de Enrique Peña Nieto salió a la defensa de Duarte y sus cómplices, generando un enfrentamiento institucional entre las fiscalías de ambos niveles de gobierno, por el control de la investigación y del proceso penal. A la lucha entre poderes se sumó la presión del Gobierno Federal en materia hacendaria, que tuvo el atrevimiento de retener recursos que por Ley corresponden al Estado de Chihuahua, generando un conflicto sin precedentes.

El proceder del Gobierno Federal llevó a Javier Corral a encabezar una marcha de protesta a la Ciudad de México; Peña Nieto desistió de continuar con la extorsión, pero mantuvo la protección a César Duarte, congelando el trámite de extradición solicitado por la Fiscalía de Chihuahua. La detención de Duarte Jáquez en fecha coincidente con la reciente visita de López Obrador a Washington, revela que la intervención del actual Gobierno Federal, fue decisiva para solicitar la extradición y materializar la captura.

Es lamentable reconocer que el caso de César Duarte no fue excepción, sino regla general en el escenario de la alternancia en el Gobierno Federal, que tuvo lugar en el año dos mil. El gobierno panista de Vicente Fox respetó como nunca antes la autonomía de los estados, hubo una derrama importante de dinero de los excedentes por ingresos petroleros en favor de las finanzas locales, pero en lugar de aprovechar la bonanza para beneficio de sus comunidades, algunos gobernadores priistas desde la oposición, se sintieron liberados de su obligación de lealtad a las instituciones federales y reprodujeron corregido y aumentado el viejo sistema de partido de partido de estado en sus propias entidades federativas, hasta equipararse a reyezuelos insulares.

El regreso del PRI a Los Pinos estuvo marcado con el impulso de la campaña de Peña Nieto mediante el desvío ilícito de recursos de los estados, pero la llegada de López Obrador hizo esperar a muchos que se llevaría a la justicia a los ex gobernadores que endeudaron a sus estados, saquearon las finanzas públicas, y en algunos casos llegaron al extremo de hacer alianza con el crimen organizado. La justicia ha sido lenta y en otros casos ha sido omisa de proceder en contra de los responsables, como ocurre en el Estado de Coahuila, en el que los crímenes del Moreirato permanecen impunes.

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