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Liberación condicionada

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

La liberación del general Salvador Cienfuegos Zepeda por parte del Gobierno de los Estados Unidos, y su repatriación a México para que nuestras autoridades continúen con la investigación de diversos delitos que le fueron imputados en el vecino país, ofrece diversas lecturas. La primera de ellas deja en claro que las acusaciones que se le hicieron a quién fue Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron retiradas por razones meramente diplomáticas; el fondo jurídico de la acusación no fue ni analizado ni juzgado, y el expediente fue remitido a México para que la Fiscalía General de la República sea quien continúe y complete la investigación.

Sin restar el mérito que corresponde a la Cancillería mexicana por haber hecho su trabajo de manera satisfactoria, lo cierto es que la aprehensión de Cienfuegos en los Estados Unidos fue un desacierto descomunal en la medida en que las autoridades norteamericanas no respetaron las reglas de la alianza militar sostenida por ambos países y la pusieron en riesgo. El suceso en comento tuvo lugar en el entorno de las elecciones presidenciales en el vecino país y bien pudo ser parte de la estrategia en la lucha por el poder, empleado por elementos del Partido Demócrata ubicados en la Agencia para el Control de Drogas (DEA), para minar la campaña del aún presidente Trump, con un golpe mediático.

De ser cierta la sospecha referida, los ejecutores del plan habrían subestimado a los presidentes López Obrador y Donald Trump, al imaginar que la maniobra los enfrentaría en una guerra de declaraciones que empañaría uno de los desempeños positivos del mandatario estadounidense, significado en su buena relación con el gobierno mexicano. Llaman la atención las declaraciones de Barry McCaffrey, encargado de la Política Nacional para el Control de Drogas durante la era Clinton, quien recién ocurrida la detención de Cienfuegos aseguró que el proceder del gobierno de los Estados Unidos, fue una acción provocadora y ofensiva en contra de las Fuerza Armadas de México, a las que calificó como "altamente efectivas y en su mayor parte de gran integridad".

Una vez definido el resultado de la elección, el gobierno de Donald Trump hizo gestiones para que la Fiscalía de los Estados Unidos desistiera de la acusación ante la Juez de la causa, pero sin prejuzgar sobre la culpabilidad de Cienfuegos, lo que dejó abierto el expediente, para continuar su integración en México. La decisión sin precedentes de liberar al General Cienfuegos, provocó una reacción entre un grupo de Congresistas Demócratas encabezados por Albio Sires, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, que contrasta de modo radical con las declaraciones de McCaffrey.

En efecto, mientras para el demócrata McCaffrey, el proceder del gobierno de los Estados Unidos en el caso, fue una acción provocadora y ofensiva en contra del Ejército Mexicano, la carta enviada el jueves pasado por los representantes también demócratas, al fiscal Alejandro Gertz Manero tiene un sentido contrario. Los Congresistas hacen suya la acusación según la cual el General Cienfuegos "facilitó el tráfico de miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a los Estados Unidos…", lo que implica que tanto la aprehensión de Cienfuegos como su liberación treinta días después, ha sido aprovechada por los demócratas para atacar al gobierno de Trump, mediante cuestionamientos que son contradictorios entre sí.

Circunstancias electorales aparte, lo cierto es que en el caso en comento la Fiscalía General de la República tiene frente a sí una investigación que implica un reto de gran responsabilidad, porque una exoneración al General Cienfuegos cuestionaría la acusación hecha en su contra, por fiscales de los Estados Unidos, lo que pone en riesgo la alianza y la cooperación que existen entre ambos países. Si la investigación tiene por resultado la imputación y la consignación ante un Juez Penal, de quien fue Secretario de la Defensa Nacional hasta hace dos años, los cargos deberán estar suficientemente sustentados y tal eventualidad, será causa de una confrontación a resolver entre el régimen de la llamada 4T y el Ejército Mexicano.

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