El 18 de noviembre el juez Emmet Sullivan emitió una orden judicial preliminar solicitada por defensores de los migrantes.
El Gobierno de Estados Unidos apeló la orden de un juez que prohíbe la expulsión de menores migrantes que cruzaron la frontera solos, una política promulgada por el Gobierno de Donald Trump durante la pandemia del coronavirus para negarle protección de asilo a los niños.
El 18 de noviembre, el juez Emmet Sullivan emitió una orden judicial preliminar solicitada por defensores de los migrantes que prohibía la expulsión de menores migrantes no acompañados con base en las leyes de salud pública.
El Departamento de Justicia presentó el miércoles por la noche una notificación de apelación ante la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, y pidió a Sullivan que decrete la suspensión de su orden pendiente de recurso, una solicitud que le fue denegada antes.
Desde marzo, agentes fronterizos han expulsado a 200,000 migrantes adultos y menores citando como motivo la pandemia y la necesidad de controlar la propagación del virus, aunque el COVID-19 circula tanto por las comunidades fronterizas como por el resto del país.
La orden de Sullivan solo afectaba a los niños que cruzaron la frontera sin un padre, no a los adultos ni a las familias. Al menos 8,800 menores no acompañados han sido expulsados sin ocasión de solicitar asilo o hablar con un abogado. La mayoría fueron sacados del país en cuestión de horas o días aunque, durante semanas, el Gobierno del presidente Donald Trump detuvo a cientos de ellos por días o semanas en hoteles cerca de la frontera con México, hasta que otro juez prohibió esa práctica.
El presidente electo, Joe Biden, dijo que revertirá varios de los programas migratorios de Trump cuando asuma el poder en enero. Biden no se ha pronunciado sobre las expulsiones de migrantes.
En su recurso del miércoles en la noche, el Departamento de Justicia citó la propagación del coronavirus en las comunidades fronterizas de Arizona y Texas. Advirtió que la orden de Sullivan "podría tener un impacto irreversible en la salud pública" al saturar la capacidad hospitalaria y obligar al Gobierno a trasladar a niños y adolescentes "potencialmente infectados" por aeropuertos.
